Tras la crisis y los graves problemas hipotecarios que ésta desencadenó, el alquiler ha evolucionado hasta convertirse en una actividad más rentable que cualquier otro producto financiero. Sobre todo, si hablamos del alquiler de pisos turísticos durante días o semanas en las zonas cercanas al centro de la ciudad, algo que ha transformado por completo el panorama. En la entrada de hoy vamos a hablar de este tema que tanta polémica está generando y os mostraremos las medidas que adoptan las administraciones para controlarlo.

Una actividad desbocada por falta de regulación

En algunas zonas del centro es casi imposible alquilar. Los inversores compran los bloques de pisos enteros, los reforman, echan a los antiguos inquilinos y los alquilan a turistas. Ni siquiera se negocia con ellos una subida en el alquiler, simplemente se mandan faxes con fechas fijadas para que se marchen. Esta tendencia creciente ha encarecido las viviendas de determinadas zonas, haciéndolas inaccesibles para la mayoría.

Los altos precios, el nuevo enfoque de negocios en los barrios (asociados al turismo y el ocio nocturno) y el propio crecimiento vegetativo de la población está vaciando el centro de la ciudad. Ante esta situación tan alarmante, los ayuntamientos de varias ciudades como San Sebastián, Barcelona o Madrid trabajan para buscar una salida al problema.

Una de las principales trabas es que los pisos turísticos ni siquiera están registrados, por lo que hay que examinar individualmente las ofertas de las distintas empresas para poder identificar a los infractores. Además, actuaciones llevadas a cabo en otros lugares como Ámsterdam han tenido solo un carácter recaudatorio, siendo incapaces de encontrar una solución que calme los ánimos de las comunidades vecinales. En New York se ha prohibido el alquiler por una duración menor de un mes, algo que en nuestro país sería impensable.

Multas millonarias

El ayuntamiento de Barcelona sancionó el pasado año a los portales de internet Airbnb y Homeway, culpables de ser intermediarios para el alquiler ilegal de pisos turísticos sin registrar. La multa podría ascender a los 600.000 euros, pero casos anteriores de denuncias por parte de la Generalitat se resolvieron a favor de las empresas. ¿El motivo? Simplemente un vacío normativo del que se están aprovechando para obtener pingues beneficios.

La situación de los pisos turísticos en San Sebastián

Urbanismo ordenó el pasado año 2017 el cierre de más de 150 pisos turísticos y denegó otras 86 nuevas peticiones por no cumplir la legislación. Estos datos fueron ofrecidos hace unos días por el teniente de alcalde Ernesto Gasco y el concejal de Urbanismo Enrique Ramos. La intención es regularizar una actividad económica que no va a desaparecer y que está generando una enorme cantidad de problemas, especialmente entre las comunidades de vecinos que son las que deben convivir con los turistas.

En este sentido, aquellos particulares que alquilen pisos turísticos sin seguir esta ordenanza se exponen a multas de hasta 6.000 euros. Está previsto que entre en vigor en el mes de marzo y establece un máximo de 5 días para que todos los locales soliciten la regularización. El orden se determinará mediante un sorteo, donde se tendrán en cuenta aspectos como la zona de la ciudad donde se encuentre el inmueble.